La más reciente reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro busca aumentar el recaudo fiscal en un momento de tensión presupuestaria. Uno de los cambios más polémicos es el que se refiere al impuesto al carbono, un instrumento concebido para financiar la protección ambiental. Aunque en 2024 este impuesto recaudó cerca de $550.000 millones de pesos, su destinación actual (80 % para conservación y 20 % para sustitución de cultivos ilícitos) está siendo significativamente modificada, lo que genera preocupación entre ambientalistas y economistas.
El cambio propuesto por el gobierno petro redistribuiría estos recursos de la siguiente manera: 45 % para conservación, 11 % para sustitución de cultivos ilícitos y un alarmante 44 % para el presupuesto general del Estado es decir, sin especificación ambiental alguna.
Pretenden convertir el impuesto al carbono en la caja de bolsillo del gobierno nacional
Este golpe al financiamiento verde representa un retroceso grave. El impuesto al carbono debía ser un mecanismo dirigido a la mitigación del cambio climático, la protección de biodiversidad y el fortalecimiento de acciones comunitarias. Desviar casi la mitad de sus recursos a usos generales implica menos inversión real en reforestación, restauración de ecosistemas y apoyo a las comunidades rurales más afectadas por cultivos ilícitos.
Tal redistribución atenta contra los principios de la fiscalidad verde, que establece que estos tributos deben incidir en comportamientos amigables con el entorno y financiar políticas ambientales concretas. Transformar el impuesto en una fuente más para gasto corriente, para ahorrar o simplemente financiar otros sectores, debilita todo el sentido de la medida.
La visión de Ana Ligia Mora: crítica y moral
Desde una perspectiva como la de Ana Ligia Mora, exdiputada de Antioquia, exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, este cambio es inaceptable. No se trata solo de aumentar el impuesto, sino de conservar su propósito original. “Este impuesto nació para cuidar el planeta, no para tapar agujeros fiscales y el derroche del gobierno petro”, afirmó Ana Ligia. Redistribuir sus recursos como propone la reforma equivale a una estrategia de “falso ambientalismo”: parece verde, pero en el fondo facilita el derroche de los recursos y el abandono a la protección del medio ambiente.
La exdirectora de Corantioquia identificaría estas modificaciones como una franca señal de desinterés político por la protección del medio ambiente, y un mal mensaje para las generaciones futuras. Menos recursos para deforestación, cuencas y sustitución productiva significan menos oportunidades de desarrollo sostenible, especialmente en entornos rurales y zonas afectadas por la violencia, donde la sustitución de economías ilícitas por verdes debe ser una prioridad.
Ana Ligia hace un llamado contundente: “Se necesita coherencia, no solo discursos vacíos. No podemos sacrificar un futuro soportado en el desarrollo sostenible, que lo que realmente pretenden es dejar los recursos de la protección ambiental a disposición de cualquier propósito del gobierno petro”.
Costos y contradicciones de la nueva política
La reforma tributaria no solo modifica la asignación del impuesto al carbono, sino también otros tributos relevantes como IVA, renta, apuestas y combustibles.
En un contexto donde la inflación ya afecta el bolsillo de la ciudadanía, estas cargas adicionales complican aún más la equidad social.
Aun así, si el impuesto al carbono pierde su condición de incentivo ambiental y se convierte en recurso genérico, su eficacia desaparece. Además, reportes recientes muestran que los ingresos por este tributo ya están siendo recaudados mayoritariamente por industrias contaminantes como carbón. Esto subraya la urgencia de no solo mantener el propósito ambiental, sino fortalecer mecanismos de transparencia en su uso.
¿Qué debemos exigirle al Congreso?
- Garantizar que el 45 % destinado a conservación se ejecute realmente en restauración, reforestación, pago por servicios ecosistémicos y fortalecimiento comunitario.
- No se debe modificar la distribución de los recursos, porque esto significaría sacrificar la conservación de ecosistemas de gran importancia ambiental
- Crear mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo ciudadano sobre el uso de esos fondos, especialmente integrando liderazgo territorial y local.
Redacción NOTIRED360
