Quizás sea un prejuicio o una realidad, pero la ley en Colombia ha sido siempre un punto de polémica, algunos opinan que favorece a los delincuentes en vez de a las víctimas. La falta de control respecto a la judicialización de los criminales, sobre todo de los ciudadanos venezolanos, ha causado cientos de críticas.
La situación se salió de control, cada día incrementan los hurtos, asesinatos y demás actos criminales en las diferentes zonas del país, en los que se encuentran involucrados en su gran mayoría personas de otras nacionalidades.
Hace algún tiempo, Carlos Holmes Trujillo (D.E.P), exministro de Defensa y Claudia López, alcaldesa de Bogotá, manifestaron en varias ocasiones que, las tasas delincuenciales se elevaron en la capital de Colombia, según estadísticas de la Unidad de Datos y Factchecking de Efecto Cocuyo, en la que se corroboró la relación entre migración venezolana y criminalidad.
Sin embargo, tanto la alcaldesa como el exministro, recalcaron que estas declaraciones no debían significar el rechazo de esta población, pues está claro que no se puede generalizar.
Las declaraciones de estos personajes estuvieron en el ojo del huracán, puesto que, el presidente Iván Duque, otros miembros de la política y algunos periodistas, rechazaron contundentemente sus posturas.
A finales del 2020 se estableció según un estudio del programa DespachAndo que, el 20 % de los hurtos, de las capturas que se han hecho por robo promedio en la ciudad, ha sido a manos de inmigrantes, añadiendo que el 48 % de los atracos presentados en TransMilenio son ejecutados por algunos venezolanos.
Además, el mayor inconveniente que se está presentando con las bandas delincuenciales es que, reclutan venezolanos porque al no tener identificación verificada, se hace más compleja su judicialización.
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No es prejuicio, es realidad:
Para nadie es un secreto que la inseguridad aumentó en la capital del país y demás ciudades, la incertidumbre, el miedo y la impotencia tienen sumergidos a los colombianos.
El miércoles 11 de agosto se presentó un altercado en Bogotá, dos presuntos delincuentes, uno de ellos de nacionalidad venezolana, le propinó varios disparos con arma de fuego a dos Policías, ocasionando la muerte del patrullero Humberto Sabogal.
Por lo tanto, el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, habló al respecto, indicando que, “hay un número importante de ciudadanos venezolanos detenidos: en lo que va del año van 16.000 capturados (…) y solamente 2.400 tienen orden judicial. Los otros 14.000 probablemente quedan en libertad después de los procesos de verificación y judicialización”.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno Nacional?
Diego Molano , ministro de Defensa, reveló que ante los recientes casos de inseguridad la capital del país, se creará un comando especial con 1.500 policías, con el propósito de evitar actos delictivos que atormentan cada vez más a los habitantes de la ciudad de Bogotá.
Pero la solución que debe brindar el presidente de la nación Iván Duque y Diego Molano ministro de Defensa, va más allá de reforzar los esquemas de seguridad, se trata de hacer justicia, es decir, judicializar con mano dura a los delincuentes que han causado tanto daño a la sociedad, a su vez, no permitir que se les presten más garantías a los criminales, que a los ciudadanos de bien.
Por: Manuela Hoyos
