Luis Fernando Suárez Vélez, el gobernador encargado de Antioquia, le solicitó al Ministerio de Justicia, que cancelara el convenio de la construcción de la nueva cárcel que se realizaría en el seminario, ubicado en el municipio de Yarumal.
Esto sucedió mientras se encontraban en la Cumbre de Seguridad Ciudadana y la Vida, hecha por la Policía y el Ministerio de Defensa en la ciudad de Bogotá, en el evento el gobernador pidió que la nueva obra de la cárcel que tiene como idea ser una Colonia Agrícola de Mediana Seguridad, sea construida en otro lugar, porque no se ha podido resolver las dificultades que se han presentado.
Además, recordó que ese proyecto se planteó bajo la administración departamental anterior, en donde el gobernador era Luis Pérez y él fue quien firmo esos contratos con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC), el Inpec y la Alcaldía de Yarumal y de Medellín.
El proyecto tendría una capacidad para 1.328 personas y se hacía con el fin de reducir el hacinamiento que hay en el departamento de Antioquia.
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El gobernador dijo que este nuevo penal tenía pensado unirse a otros 2 centros de reclusión que se planean construir durante esta administración, aparte del mejoramiento en otros 4 establecimientos penitenciarios.
La Contraloría General calificó el proyecto de la cárcel como un elefante blanco y recalcó que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación han pedido que se reestructure el convenio, para que en el otro, el principal objetivo sea hacer la cárcel que verdaderamente se necesita en el departamento.
Por otra parte, la reunión también trató sobre el aumento de los homicidios en el país, el gobernador de Antioquia explicó que de los 100 municipios de Colombia, 33 están en este departamento, que para lo que va del año, el porcentaje ha subido en un 10.6 %, también que el 43 % de los asesinatos ocurren en 10 municipios, el 55 % de esos, son en zona rural y que más del 80 % van desde los 18 hasta los 45 años y por último que el 75 % de ellos son con arma de fuero, pero solo el 23 % son esclarecidos por las autoridades.
Por: Valentina Berrío
