Este martes se conoció que el excontralor de Antioquia, Jorge Alberto Rojas Otálvaro, cumplirá una pena de 64 meses de prisión, debido a presuntos actos irregulares en la entrega de un contrato para la adquisición de un software para la Contraloría.
Después de una investigación que viene realizando la Fiscalía General de la Nación desde el 2018, Jorge Alberto Rojas, quien fue contralor del departamento entre 2008 y 2011, fue declarado responsable por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos.

Se conoció por parte de las autoridades que las irregularidades que se presentaron, sucedieron durante el contrato 134 de 2009.
Este contrato tenía el objetivo de implementar un software para la entidad, el cual tenía un valor inicial de 1.078 millones de pesos, pero se constató que fueron aprobadas prórrogas y adiciones que permitieron que ascendiera a 1.620 millones de pesos.
En la investigación también fueron detectadas otras irregularidades como ausencia de licitación pública, la cual se realizó de manera directa con una empresa que no tenía la experiencia ni la capacidad técnica para cumplir la actividad que se buscaba ejecutar.
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Sobre este contrato realizado con la empresa que no tenía experiencia, la Fiscalía General de la Nación manifestó, “Los indicios dan cuenta de que (la empresa a la que se le adjudicó el contrato) había sido constituida 40 días antes de la firma y utilizó indebidamente el nombre de un ingeniero de sistemas de la Contraloría Departamental para acreditar idoneidad.”
La Fiscalía confirma la condena al Excontralor de Antioquia, Jorge Alberto Rojas
#HayJusticia | Elementos de prueba presentados por la #Fiscalía fueron determinantes para que juez de conocimiento de Medellín declarara al excontralor de Antioquia Jorge Alberto Rojas Otálvaro, responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. pic.twitter.com/tsW80OPfdk
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 5, 2021
La Fiscalía dio a conocer que el excontralor Rojas Otálvaro fue copropietario con el hermano del representante legal de la empresa contratista, de varias extensiones de tierra en Abejorral en el oriente antioqueño.
Además de la pena de presión, el excontralor deberá pagar una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ocupar cargos públicos de 80 meses.
Por: Andrés Atehortúa
