Dentro de los condenados también sobresalen las sentencias a un exsecretario de planeación y a tres contratistas.
Fueron condenados bajo el liderazgo de fiscales adscritos a la Unidad Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá,
La Fiscalía General de la Nación logró que jueces de conocimiento dieran a los ex alcaldes de los municipios de Caldas y Sáchica en el departamento de Boyacá, como responsables de delitos contra la administración pública.
El primer condenado se relaciona con José Rubiel Páez, ex alcalde del Caldas para el periodo 2008-2011, El mencionado ex funcionario fue condenado a 6 años y 3 meses. En primera instancia un juez de conocimiento de Chiquinquirá determinó la responsabilidad del exmandatario en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con falsedad ideológica en documento público.
Por su parte, la Fiscalía demostró que en diciembre de 2011 Páez contrató la remodelación de la estación de policía del municipio de Caldas usando una modalidad que no aplicaba por la cuantía y el objeto del contrato. Además, firmó las actas de recibo final y de liquidación del contrato sin que el mismo se hubiera ejecutado.
El juez del caso libró orden de captura contra el hoy condenado para que cumpla la sentencia en establecimiento carcelario.
De igual manera, el segundo caso acoge a Héctor Antonio Amado, exalcalde del municipio de Sáchica en el mismo departamento, a su secretario de planeación Fabián Augusto Aconcha y a 3 contratistas más involucrados en el delito.
Tanto el exmandatario como el ex secretario y dos de los contratistas deberán purgar penas de 45 meses de prisión, cada uno. El tercer contratista fue sentenciado a 39 meses de cárcel.
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Cabe resaltar que la decisión judicial fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal de Tunja tras la aceptación de cargos por los procesados. La Fiscalía imputó a los implicados los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, y falsedad ideológica en documento público.
Dentro de las irregularidades investigadas que se presentaron en la contratación para el mantenimiento de las vías veredales del municipio. La cuantía contratada fue de 120 millones de pesos y la interventoría por 6 millones de pesos. Estas sumas fueron canceladas sin que se ejecutarán las obras respectivas por estas razones y tras las investigaciones los señalados se declararon culpables.
No obstante, el exmandatario presentó como soporte para el cobro de los recursos públicos actas, informes registros fotográficos y documentos falsos.
Redacción Notired360
