Este martes 17 de agosto, la Contraloría General de la Nación emitió un falló con responsabilidad fiscal contra Electricaribe por $211.755 millones, por un uso inapropiado de recursos del Fondo de Energía Social (Foes), destinados a personas en situación de pobreza, de estratos 1 y 2 en la región Caribe entre julio de 2011 y octubre de 2016.
La Contraloría General de la Nación a través de un documento manifestó, “Los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo. Los recursos del FOES son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe”.
Declaraciones de la Contraloría General de la Nación
#ControlQueTransforma La @CGR_Colombia profirió falló con responsabilidad fiscal por $211.755 millones contra Electricaribe y revisoría fiscal, por la indebida aplicación de recursos del FOES destinados a población más pobre de la Región Caribe. pic.twitter.com/YLWFs94vTz
— Contraloría General (@CGR_Colombia) August 17, 2021
Con la auditoría iniciada en el año 2017, se concluyó que lo que debía para la disminución de las facturas del servicio público en personas de estratos 1 y 2, se utilizó para que la empresa redujera sus pérdidas.
Al aplicarlos al consumo comunitario y no al de cada persona, los usuarios no vieron la disminución en sus facturas. Al contrario, sí se favorecieron los ingresos de Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa.
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Sobre esto, la Contraloría declara que la empresa Electricaribe, “pasó por alto que el Estado destinó unos recursos en beneficio de la empresa en los cuales actuaban como operadores los Fondos de Apoyo Financiero Prone, FAER y Fanzi, cuyos recursos van encaminados, de una parte, para apoyar los planes de reducción de pérdidas no técnicas de energía, y de otra, como apoyo a las empresas con usuarios no normalizados ubicados en las áreas especiales”.
El proceso iniciado en el 2017, se realizó para definir que se debían revisar en promedio 1.800.000 facturas por mes, “de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700 mil, bajo el esquema de minería de datos, así como, las pruebas recaudas, practicadas y valoradas integralmente a los largo de la causa fiscal, y donde Electricaribe desconoció la esencia del subsidio Foes”.
Por: Andrés Atehortúa
