El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, envió uno de los mensajes más contundentes desde que fue elegido mandatario al advertir que su gobierno no negociará con las organizaciones criminales y que la prioridad será recuperar la seguridad, el orden y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.
Durante su primer discurso como presidente, De la Espriella lanzó un ultimátum dirigido a los grupos armados ilegales que operan en Colombia. El mandatario aseguró que estas estructuras tendrán un plazo de un mes para someterse a la justicia y abandonar definitivamente las actividades criminales. De lo contrario, afirmó que enfrentarán toda la capacidad operativa del Estado.
El anuncio marca uno de los primeros lineamientos de la política de seguridad del nuevo gobierno y representa un cambio frente a la estrategia de diálogo impulsada durante la administración anterior.
Abelardo de la Espriella anuncia una nueva política de seguridad
Durante su intervención, el jefe de Estado fue enfático al señalar que en Colombia «se acabó cualquier forma de contemplación con quienes delinquen» y dejó claro que no habrá espacio para negociaciones que, a su juicio, debiliten la autoridad del Estado frente a las estructuras criminales.
El presidente sostuvo que el país necesita recuperar la seguridad y restablecer el principio de autoridad en las regiones donde hoy operan grupos armados dedicados al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.
Según explicó, quienes decidan abandonar las armas y someterse a la justicia podrán acogerse a los mecanismos legales existentes, pero quienes persistan en actividades criminales serán perseguidos por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con todo el peso de la ley.
Fin de las negociaciones con organizaciones criminales
Uno de los mensajes que más llamó la atención del discurso fue la decisión de no continuar con modelos de negociación que, según el mandatario, han permitido el fortalecimiento de estructuras ilegales durante los últimos años.
De la Espriella aseguró que su administración no reconocerá estatus político a organizaciones dedicadas al crimen organizado y reiteró que el Estado no puede negociar desde posiciones de debilidad frente a quienes continúan afectando la seguridad de los colombianos.
La declaración coincide con varias de las propuestas que defendió durante su campaña presidencial, cuando anunció que pondría fin a la política de «paz total», impulsaría una estrategia de mano dura contra los grupos armados y fortalecería las capacidades de la Fuerza Pública para recuperar el control territorial.
Recuperar el control del territorio, una de las prioridades del Gobierno
El presidente reiteró que la seguridad será uno de los ejes centrales de su administración.
En su discurso insistió en que Colombia necesita recuperar el orden institucional y garantizar que las autoridades puedan ejercer plenamente el control sobre las regiones donde hoy existen fuertes problemas de violencia e intimidación por parte de organizaciones criminales.
El mandatario también anunció que su gobierno fortalecerá las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y de Policía, con el propósito de enfrentar estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otros delitos que afectan la tranquilidad de miles de comunidades.
Aunque durante la ceremonia también hizo llamados a la reconciliación nacional y aseguró que gobernará para todos los colombianos, dejó claro que esa invitación no incluye a quienes continúen utilizando las armas para desafiar al Estado.
Un mensaje que marca el inicio del nuevo gobierno
El ultimátum enviado por Abelardo de la Espriella se convierte en uno de los anuncios más fuertes desde su llegada a la Presidencia y empieza a delinear el enfoque que tendrá su política de seguridad durante los próximos cuatro años.
Mientras algunos sectores consideran que la decisión representa un giro frente a las estrategias implementadas en los últimos años, otros advierten que el reto estará en traducir ese discurso en resultados concretos sobre el terreno.
Lo cierto es que el nuevo Gobierno ya fijó una posición: el mensaje hacia los grupos armados ilegales es que tendrán un plazo para someterse a la justicia. De no hacerlo, enfrentarán la respuesta del Estado bajo una política que promete privilegiar la autoridad, la seguridad y la aplicación de la ley.
Redacción NOTIRED360
