La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le ordena al gobierno que establezcan medidas de seguridad para las personas que se atuvieron al Acuerdo de Paz y a sus familiares. Ellos piden que les brinden seguridad ante los delitos que se encuentran más vulnerables como lo son las amenazas, los homicidios y el desplazamiento.
Además, le ordenó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que, se debe presentar una estrategia y plan de acción en el trascurso de 15 días y así se podrá apoyar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para hacer acompañamiento a las familias de los reincorporados que abandonaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
La JEP le informó al ICBF que tiene el mismo plazo para resolver la escolaridad de los hijos e hijas de los excombatientes de las FARC.
A la ARN se le impuso realizar actuaciones a favor de las familias de los excombatientes asesinados, como el que se les garantice su seguro de vida a sus beneficiarios y los gastos funerarios a sus familiares.
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De igual manera, deberán desembolsar los ingresos básicos que reciben los hijos e hijas de los excombatientes hasta tener una estrategia de protección efectiva, para el cual tendrán 30 días hábiles.
Los partidos comunes afirmaron lo siguiente sobre las actuaciones de la JEP: “proceda a adoptar medidas cautelares para la protección de los derechos de los y las firmantes de la paz y sus familias, proteger la vida y dignidad es primordial… Basta de excusas”.
Finalmente, la JEP dice que, las medidas cautelares se deben tomar prontamente, dado que, la situación está muy crítica para las familias de los excombatientes por el número de asesinados desde que se dio el Acuerdo Final de Paz.
Por: Valentina Berrío
