El próximo martes 5 de octubre, se llevará a cabo la audiencia de pérdida de investidura, a la que el Consejo de Estado citó a Gustavo Bolívar Moreno, en la cual el demandante, el representante de la Procuraduría y la defensa del congresista darán sus argumentos en la demanda que pide la “muerte política” del senador, por financiar a la “Primera Línea”.
A Gustavo Bolívar lo demandaron para perder su cargo, porque supuestamente vulnero el artículo 110 de la Constitución Política de Colombia, que dice que los funcionarios públicos tienen prohibido financiar o hacer cualquier tipo de financiación a movimientos políticos o candidatos y como la Primera Línea fue creada durante el Paro Nacional, es un movimiento político para participar activamente en las protestas y manifestaciones en todo el país.
Esta acción judicial inicio en julio de este año, donde se señaló, que el senador participó en la búsqueda para financiar a los integrantes de este grupo, así como se podía ver en las publicaciones de Twitter, donde hacia una convocatoria de una recolecta de ayudas económicas a estos jóvenes.
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Todo lo que se recolectó, fueron enviados por una ONG llamada Manos Limpias, hecha por Gustavo Bolívar.
Quien realizo la demanda añadió unos facsímiles y facturas, que demostrarían cuáles fueron los movimientos del dinero recolectado en la plataforma “Vaki”.
Finalmente, el que se considere a la Primera Línea, como un movimiento social y político, es que el senador habría actuado en contra de la Constitución Política y se enfrenta a cargos en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría General.
Por: Valentina Berrío
