Los patrulleros judicializados fueron asegurados en centro carcelario.
La Fiscalía tendría pruebas del acto ilícito cometido por los patrulleros
Los hechos por los cuales fueron asegurados los patrulleros, fueron investigados por el ente acusador, y pudieron constatar que el presunto acto delictivo habría ocurrido el 5 de mayo de 2021 cuando los uniformados, al parecer, le exigieron 10 millones de pesos a un comerciante, a cambio de no capturarlo por ser un presunto hackeador y clonador de tarjetas bancarias.
Por tal motivo, les declararon el delito de concusión, por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien es el ente acusador, igualmente, obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra los patrulleros de la Policía Nacional Juan Antonio Mejía Serrano y Luis Alberto Fernández Pelufo, quienes serían los presuntos implicados en el acto.
De igual manera, según la investigación de las autoridades, poco antes de ser abordado por los uniformados, la víctima, y presunto ‘hacker’, había realizado retiros por más de 30 millones de pesos en cajeros electrónicos del barrio Laureles de Medellín.
De acuerdo con las labores de la policía, pudieron evidenciaron que uno de los uniformados se habría subido, junto con la víctima a vehículo donde habría hecho la exigencia económica ilícita, mientras el otro policía seguía el automotor en una motocicleta oficial.
Por su parte, la defensa de los patrulleros procesados, apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín.
Te puede interesar: Condenado por el abusó de cuatro menores en Medellín
Otro caso de corrupción por parte de patrulleros de la policía
Los dictaminados con medida de aseguramiento también habrían estado implicados en un eventual hecho de corrupción.
Este caso se trata de los patrulleros Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñett, quienes son investigados por el delito de concusió.
Los hechos habrían ocurrido el 3 de marzo pasado, cuando los uniformados le habrían exigido a la víctima el pago de dos millones de pesos en efectivo, por devolverle una moto que ellos mismos le habrían inmovilizado de manera arbitraria tres días antes en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín.
Por su parte, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, señaló a los patrulleros procesados como los posibles responsables de haber realizado la exigencia económica ilegal.
Redacción Notired360
Información suministrada por la Fiscalía…
Para comentar debe estar registrado.