La organización ilegal, deja bienes incautados avaluados en más de 4.380 millones de pesos, fueron ocupados con fines de extinción de dominio.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, entre muebles, inmuebles y semovientes, que pertenecerían a una red dedicada al contrabando de ganado conocida como ‘Los Corraleros’. Dichas investigaciones y operativos se realizaron junto con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, la Armada, el Ejército Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario.
Dentro de los bienes y propiedades incautadas se encuentran 12 predios rurales, 2 urbanos y 2 establecimientos de comercio. Los activos asegurados ascienden a un valor que superaría los 4.380 millones de pesos.
Dichos activos estarían a nombre de María Luisa Quenza Jiménez y otros presuntos integrantes de la organización delincuencial, entre ellos funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que habrían realizado maniobras ilícitas para justificar el ingreso al país de reses provenientes de diferentes países de Latinoamérica.
Metodología de operaciones de la organización ilegal
Los funcionarios involucrados en esta actividad, al parecer, falsificaron documentos e inventaron nombres de proveedores para dar apariencia de legalidad a centenares de cabezas de ganado que entraron de contrabando por la frontera que limita con el país vecino de Venezuela, dichos registros de ingreso estarían siento manipulados sin el cumplimiento de los requisitos de ley, exponiendo al país a posibles brotes de fiebre aftosa y a la pérdida del estatus sanitario.
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Las investigaciones adelantadas permitieron establecer que los animales eran trasladados y comercializados en los departamentos de Cundinamarca, Caquetá, Meta y Arauca, donde tendrían una mayor comercialización para la distribución al resto del territorio nacional.
Es necesario aclarar que, los hechos delictivos, se presumen, ocurrieron desde el primer semestre del año 2018, y dejaron a la organización rentas activas superiores a los 1.500 millones de pesos por año.
De igual manera, los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Redacción Notired360
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